Cuatro días bastarán para cerrar una página web denunciada por vía administrativa por una Comisión de expertos formada mayoritariamente por miembros de la Coalición de autores y juristas.
El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la disposición final de Ley Economía Sostenible que contenía la normativa para regular las descargas de Internet y ha aprobado un procedimiento que permite cerrar páginas administrativamente, en la que bastará con la autorización de los jueces.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, explicará el procedimiento en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, sin embargo no se esperan novedades. La disposición final se queda como está y abre el camino a la censura, bloqueo de páginas e incluso desconexiones de internautas en el futuro.
En todo el procedimiento, el órgano clave será la futura Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura e integrado por expertos independientes (ex magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y autoridades de Internet). Las medidas entrarán en vigor en verano, coincidiendo con el fin de la presidencia española en la Unión Europea
Reunión de internautas
Mañana día 9 se reunirán en Madrid más de 40 internautas, periodistas y juristas especializados en propiedad intelectual para organizar una respuesta que permita defender los derechos fundamentales de los ciudadanos que acaban de recortar en una Ley insostenible.
En opinión de Javier Sanz (ADSLzone) "Lo que no han conseguido por la vía judicial, ya que el P2P no es delito, lo conseguirán por la vía administrativa",
Aún así, este procedimiento todavía tiene que ser aprobado en el Parlamento antes de su entrada en vigor. En caso de aprobación, la medida, entraría en vigor en verano de 2010, coincidiendo con la salida de España de la presidencia Europea.
Júbilo para los creadores, decepción en la red:
El anuncio causó euforia entre los representantes de la industria cultural. Joan Navarro, director de la Coalición de Creadores, lo consideró «un paso positivo» y valoró, además de la rapidez del procedimiento, que era una de sus premisas, el hecho de que «se va a perseguir a los productores de la “piratería”, a los que difunden las obras sin permiso de los autores, y no a los usuarios». Navarro augura un «efecto demoledor» sobre las descargas ilícitas y vaticina que el aumento de la oferta legal que propiciará esta decisión podría crear «entre 15 y 20.000» nuevos puestos de trabajo. Los productores del audiovisual, agrupados en Fapae, se mostraron «conformes con la solución por la que se ha optado» y consideran que la medida equipara a España con otros países. La red, por su parte, registró un intenso movimiento contra la medida del Gobierno. El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, explicó en declaraciones a «Portaltic.es» que, una vez el Gobierno ha tomado una decisión, «queda esperar la respuesta de la oposición política». No obstante, aseguró que previamente esta asociación pedirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que «examine» la medida propuesta por el Ejecutivo. La Asociación de Usuarios de Internet considera que se trata de un «apaño». Blogeros, juristas y otros especialistas se reúnen hoy en Madrid para evaluar estas medidas.
Fuentes: AdslZone, 20 minutos, El mundo.es, ABC.
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