Ni ley Sarkozy, ni regla de los tres strikes británica, ni multas millonarias a lo yanqui contra las descargas. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dio ayer un respiro a muchos internautas y causó el resquemor de algún creador cuando habló de sus intenciones en materia de Internet: no habrá antip2p.
15-07-2008 - El País .- "No aplicaremos restricción ni regulación alguna que impida la expansión o desincentive el uso de Internet ni estableceremos límites a las herramientas de libre circulación de información", dijo el ministro. "Esa libertad ha sido y es la clave de la red de redes, de su crecimiento y de su popularidad", agregó.
Tan rotunda declaración contrasta con la que el pasado día 10 realizó el titular de Cultura, César Antonio Molina, quien se comprometió a "luchar contra la piratería" y a consensuar, expresamente junto con el Ministerio de Industria un marco jurídico "coherente y seguro" para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, tan to a escala nacional como en la Unión Europea, aprovechando la presidencia española en el primer semestre de 2010.
Molina hizo estas declaraciones al termino de la tercera reunión del Pleno de la Comisión Intersectorial del plan de acción contra la piratería. Dicho plan, sin ninguna consecuencia legislativa hasta ahora es un proyecto de la anterior legislatura. Incluye un Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos que vulneren la protección de los derechos de propiedad intelectual, que se viene gestando desde la etapa de Carmen Calvo como ministra de Cultura y que han elaborado al alimón Cultura, Justicia y la Agencia Tributaria estatal, entre otros organismos públicos, junto a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, muchos vieron en esa declaración una intención real de reactivar el plan, tras la ofensiva que han realizado las asociaciones de gestión de derechos (SGAE, Egeda, Cedro,...) tras las elecciones generales para que el Gobierno tome carta en el asunto y lleve a cabo iniciativas legislativas similares a las de Francia o Reino Unido, donde se contemplan restricciones a las descargas mediante programas de intercambio de archivos p2p (eMule, BiTorrent, Ares...) En concreto, la SGAE, está impulsando una legislación similar a la francesa, en la que el ISP avisa al internauta que está realizando descargas p2p de obras sujetas a derechos; luego se le interrumpe la conexión temporalmente si no hace caso a los avisos, y por último se le desengancha de la red definitivamente.
Las palabras de Sebastián echan un jarro de agua fría sobre estas intenciones. No es la primera vez que Industria y Cultura se lleven a palos por "motivos culturales". También vivieron un largo conflicto a propósito del canon digital, que entró en vigor en julio, y que grava a todos los aparatos susceptibles de grabar o reproducir obras audiovisuales. Industria estaba en contra del impuesto y consiguió que se rebajara de 1,5 a 1 euros para los móviles.
Tan rotunda declaración contrasta con la que el pasado día 10 realizó el titular de Cultura, César Antonio Molina, quien se comprometió a "luchar contra la piratería" y a consensuar, expresamente junto con el Ministerio de Industria un marco jurídico "coherente y seguro" para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, tan to a escala nacional como en la Unión Europea, aprovechando la presidencia española en el primer semestre de 2010.
Molina hizo estas declaraciones al termino de la tercera reunión del Pleno de la Comisión Intersectorial del plan de acción contra la piratería. Dicho plan, sin ninguna consecuencia legislativa hasta ahora es un proyecto de la anterior legislatura. Incluye un Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos que vulneren la protección de los derechos de propiedad intelectual, que se viene gestando desde la etapa de Carmen Calvo como ministra de Cultura y que han elaborado al alimón Cultura, Justicia y la Agencia Tributaria estatal, entre otros organismos públicos, junto a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, muchos vieron en esa declaración una intención real de reactivar el plan, tras la ofensiva que han realizado las asociaciones de gestión de derechos (SGAE, Egeda, Cedro,...) tras las elecciones generales para que el Gobierno tome carta en el asunto y lleve a cabo iniciativas legislativas similares a las de Francia o Reino Unido, donde se contemplan restricciones a las descargas mediante programas de intercambio de archivos p2p (eMule, BiTorrent, Ares...) En concreto, la SGAE, está impulsando una legislación similar a la francesa, en la que el ISP avisa al internauta que está realizando descargas p2p de obras sujetas a derechos; luego se le interrumpe la conexión temporalmente si no hace caso a los avisos, y por último se le desengancha de la red definitivamente.
Las palabras de Sebastián echan un jarro de agua fría sobre estas intenciones. No es la primera vez que Industria y Cultura se lleven a palos por "motivos culturales". También vivieron un largo conflicto a propósito del canon digital, que entró en vigor en julio, y que grava a todos los aparatos susceptibles de grabar o reproducir obras audiovisuales. Industria estaba en contra del impuesto y consiguió que se rebajara de 1,5 a 1 euros para los móviles.
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