Así figura en la orden ministerial del Ministerio de la Presidencia, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entra mañana en vigor, y que, con más de un año de retraso, regula los soportes digitales sujetos al pago del canon por copia privada y las cuantías en cada uno de ellos, tal como estableció la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada la legislatura pasada.
El canon digital, que paga el fabricante, no el consumidor (aunque se espera que repercuta en los precios), pretende compensar a los autores por los ingresos de dejan de percibir cuando se hace una copia de su obra, y por eso grava los soportes susceptibles de almacenar cualquier tipo de creación.
Asimismo el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación para esclarecer si las entidades de gestión de los derechos de autor financian irregularmente a los partidos políticos. Y todo, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie tras la denuncia presentada hace meses contra la entidad por distintas asociaciones de internautas y empresas.
Fuente.- El Economista.
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